Los municipios canarios se quedan sin armas contra el alquiler vacacional.
Te vamos a decir nosotros en Asesoría Afeco Perera, en Tenerife Sur, Los Cristianos, que no podrían vedar el alquiler vacacional de un inmueble Los municipios canarios porque este no tuviera acceso directo a la calle. Tampoco podrían decidir que solo puedan arrendarse a turistas los pisos situados en las plantas bajas o en las primeras alturas de determinados edificios. Estas y otras medidas para evitar la expansión del controvertido alquiler turístico
en las ciudades y municipios son ilegales. Cuando menos así lo consideran en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha anunciado que llevará a los tribunales este tipo de disposiciones de los
ayuntamientos, que precisamente son, junto con los cabildos insulares, las instituciones a las que el Gobierno de Canarias quiere ceder el protagonismo en la regulación del arrendamiento vacacional en sus territorios.
Los municipios no podrán hacerse el traje que quieran so pretexto de que intentan paliar las consecuencias negativas -problemas de convivencia entre vecinos y turistas alquilados de un mismo inmueble, gentrificación, falta de
oferta de alquiler convencional...- del auge del arrendamiento vacacional.
A juicio de Competencia, todo aquello que "perjudique a consumidores y usuarios". Entran ahí medidas como, por ejemplo, la exigencia de una licencia municipal para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas y la limitación
temporal del número de licencias en determinados distritos, localidades o zonas, como decidió el Ayuntamiento de Madrid; la prohibición de arrendar los pisos ubicados en la segunda y posteriores plantas de un edificio si no tienen
acceso directo a la calle.
"Todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados. Ello provocará precios más elevados en el
alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación. Serán ahora los tribunales los que definitivamente resuelvan qué pueden y qué no pueden hacer los ayuntamientos contra el arrendamiento vacacional. Desde el
Gobierno de Canarias, dicen que efectivamente, los consistorios del Archipiélago tendrán en el futuro que atenerse a lo que dicte la Justicia, y desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), su gerente, Javier
Martín, se mostró convencido de que se le dará la razón a Competencia y de que, por tanto, los ayuntamientos de la región verán muy mermado su margen de maniobra contra la actividad.
El recurso trae más dudas a los municipios canarios. Si hasta ahora había recelos hacia la posibilidad de que realmente puedan introducir excepciones en el alquiler turístico -el Ejecutivo ha insistido en que podrán hacerlo por
medio del artículo 154 de la Ley del Suelo, es decir, vía ordenanza y hasta adaptar sus planes de ordenación.
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