Se pide más control sobre la falsa residencia fiscal
Se trata de controlar a contribuyentes con grandes patrimonios, que al tener una mayor presión fiscal tienden a cambiar su residencia fiscal, para evadir impuestos. El problema, explican los expertos, surge cuando ese cambio de domicilio es ficticio y merma injustamente la recaudación del territorio de origen. Los inspectores aseguraron que “son muchos” los casos que falsean su domicilio fiscal y aseguran residir en otra autonomía para aliviar su factura fiscal.
Mas inspecciones por parte de los inspectores de Hacienda
Los inspectores reclamaron a Hacienda más control de este tipo de comportamiento entre las medidas para combatir el fraude entre los grandes patrimonios.
El problema, fundamental es que la autonomía que acoge a un nuevo contribuyente carece de incentivos para denunciar esta situación, pues está cobrando impuestos de un ciudadano más en el que en realidad luego no invierte gasto público. Aunque los inspectores de Hacienda matizan que la falta de incentivos evita que se promuevan revisiones del censo real de contribuyentes en busca de este fraude
Según información recibida por Asesoría Afeco Perera, en Tenerife Sur Los Cristianos, es que este colectivo mantiene entre sus reclamaciones algunas peticiones recurrentes, como la posibilidad de actuar de incógnito o poder pagar a confidentes, pero también introduce la necesidad de "potenciar" la colaboración entre comunidades autónomas para evitar engaños como la fijación de una falsa residencia fiscal en las regiones que cobran impuestos más bajos pero en las que en realidad el contribuyente no habita.
En su documento sobre el control de grandes patrimonios, piden también un endurecimiento de las multas, contemplando una sanción especial para aquellos que usan sociedades interpuestas con el fin de incluir gastos personales como profesionales.
En paralelo, los inspectores confían en que se les acabe permitiendo bonificar a los denunciantes de fraudes, "como ya se hacía en los años 80", y se les autorice a realizar inspecciones de incógnito, para recabar pruebas antes de que el inicio de una pesquisa oficial ponga al contribuyente investigado en alerta.
Finalmente, reclaman que se endurezcan las sanciones contra “quienes realicen esta práctica usual, trascendiendo estas sanciones el orden fiscal”.
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