Las viviendas de uso turístico con la regulación municipal: el gran salto al vacío.
La explotación de viviendas de uso turístico en los últimos meses los principales Ayuntamientos españoles, están tramitando y aprobando normas y planes urbanísticos que, de muy diversos modos, condicionan o restringen.
Los principales Ayuntamientos españoles, en los últimos meses siguiendo el ejemplo de la pionera Barcelona, están tramitando y aprobando normas y planes urbanísticos que, de muy diversos modos, condicionan o restringen la
explotación de viviendas de uso turístico.
A falta de un régimen estatal general las normas municipales deben coordinarse con las aprobadas por las Comunidades Autónomas.
Las finalidades que los Ayuntamientos según te explicamos desde Asesoría Afeco Perera en Tenerife Sur Los Cristianos, pretenden conseguir con estas medidas son también diversas. Se trata de combatir la subida del precio del
alquiler y compra de vivienda, en los perjuicios que sufren los vecinos del inmueble, en el objetivo de evitar la masificación turística, en el de lograr un turismo de mayor calidad e, incluso, en la lucha contra el ejercicio
ilegal de la actividad.
Es más que probable que estas normas sean impugnadas judicialmente, no solo por los explotadores de viviendas de uso turístico y por las asociaciones que los integran, sino también por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que ya ha interpuesto varios recursos frente a normas autonómicas reguladoras de la materia.
Así, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 30 de enero de 2018, dictada en los asuntos acumulados C-360/15 y C-31/16), en contra de lo que habían sostenido, hasta entonces, varios
Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, ha dictaminado que la Directiva de Servicios resulta de aplicación a este tipo de normas en cuanto “se dirigen exclusivamente a las personas que pretenden desarrollar esas
actividades en dichas zonas geográficas, con exclusión de los particulares en su capacidad privada”.
Esto tiene dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, supone que la regulación municipal, para ser válida, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de Servicios, al tratarse de una restricción al
ejercicio de una actividad económica. Y, en segundo lugar, que debe ser el Ayuntamiento el que acredite el cumplimiento de la Directiva.
La restricción debe estar justificada por una razón imperiosa de interés general, la protección del entorno urbano. Mayores dudas plantean otras finalidades, generalmente alegadas por los Ayuntamientos, como evitar la subida de
los precios del alquiler de vivienda o el fomento de un turismo de mayor calidad.
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